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Sistema político y violencia en Colombia

Caricatura: A sus espaldas. Daniel Rabanal

La historia colombiana está marcada de principio a fin por la violencia. Desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, el país no ha vivido una época prolongada de paz, al contrario, el conflicto violento ha estado presente antes de la instauración de la república, durante la misma y de forma posterior a su consolidación. La explicación de la perpetuación de este fenómeno tiene múltiples causas, asociadas a la desigualdad, la expropiación violenta a la que han sido sometidos los sectores más vulnerables del país, la avaricia de la clase dirigente y la estructura del sistema político, excluyente y antidemocrático.

El sistema político entendido como aquel que “comprende igualmente los canales de comunicación que vinculan a los miembros de la sociedad: individuos, grupos y clases sociales con el poder político. Son elementos constitutivos del sistema político las normas políticas y jurídicas, las relaciones políticas, la conciencia política y la cultura política” [1]. En tal sentido, abarca tanto elementos de consenso como de coerción, por esta razón centramos allí el análisis para explicar la persistencia de la violencia en Colombia, así como la necesidad de una reforma política capaz de abrir espacios democráticos para la participación de partidos, movimientos y asociaciones excluidas a sangre y fuego del espacio público.

Precisamente, en un esfuerzo de apertura democrática se encuentran los Acuerdos de La Habana, aunque los obstáculos que se deben sobrepasar son de gran envergadura, si se tiene en cuenta que uno de los factores de violencia en el país ha sido la escasa tolerancia de la clase política tradicional a las transformaciones democráticas.

Partidos políticos y violencia

Desde la Época Colonial, la hacienda como forma de organización permitió la consolidación de mano de obra fuertemente vinculada a relaciones de dependencia frente al hacendado, quien se convirtió en el organizador de la vida política, la cual se erigió bajo el autoritarismo del gamonal cuyo mandato obligaba a vincularse a un partido bajo la lógica de la sumisión y no como un proceso de elección consciente y libre. Esta característica de herencia colonial ha guiado la política nacional desde entonces, por tal motivo los caciques locales han cooptado los poderes regionales en donde el Estado central apenas logra hacer presencia, más allá de hacerlo en términos militares y que, sin embargo, también son apropiados por el poder local.

De tal suerte que las prácticas de relacionamiento sociales y políticas en la periferia del país están reguladas por el clientelismo y la corrupción extrema, así como por el sectarismo, la exclusión y la eliminación del contradictor político, “por ello no se encuentra en la historia de la República una etapa de concurrencia civilizada de los partidos sino una azarosa sucesión de rivalidad destructiva y de acuerdo bipartidista compulsivo” [2], en el que partidos diferentes a los tradicionales quedan segregados del escenario político. Ocasionando el descontento de la población y elevando la tensión entre el Estado y los sectores movilizados en busca de apertura democrática, incluida la insurgencia, la cual ha sido protagonista indiscutible en la disputa por abrir espacios de participación política.

En ese contexto, los Acuerdos de La Habana permitieron la conformación de la Misión Electoral Especial, vista como una iniciativa para el cierre del ciclo de violencia pues pretende, entre otras cosas “asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral; modernizar y hacer más transparente el sistema electoral; dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia” [3]. Eliminando así la justificación de la mediación militar para resolver las disputas políticas ante la limitación de los factores de consenso predominantes en el país y el carácter antidemocrático de la estructura política. No obstante, la clase política no aceptó, durante los debates en el Congreso, las medidas recomendadas por la Misión Electoral y, en cambio, se dedicó a transformar las propuestas hasta hacer irreconocible la versión inicial, por ello este organismo dijo que la “reforma que debate el Congreso no es clara en los problemas que busca resolver, ha venido perdiendo coherencia y, en la medida que tras cada debate se improvisan fórmulas de artículos, se ha tornado contradictoria e ineficaz” [4]. Perpetuando uno de los factores de violencia en el sistema político, con sus lógicas excluyentes y clientelistas. Perdiendo el país, una vez más, la oportunidad de salir, o por lo menos de tener una tregua, de uno de los factores que atiza la violencia desde hace más de 50 años.

Los políticos tradicionales, las élites locales y los intereses económicos vuelven, como es costumbre, a estancar la democratización del sistema político.

Cultura política y clientelismo

Para la gran mayoría de políticos, periodistas y analistas son indispensables inmensas reformas legales para construir una paz estable y duradera en Colombia. Un argumento inconsistente e impreciso si se tiene en cuenta la historia colombiana, caracterizada por su fanatismo religioso y el desprecio por la ley terrenal, hechos que explican, en gran medida, la ineficacia del derecho y del orden legal.

El menosprecio por la ley se remonta al proceso colonizador español, signado por el incumplimiento del derecho y la doble moral católica. El primero se reflejaba en la expresión “se obedece pero no se cumple”, de ahí que paralelamente al mercado legal colonial existiera una red de negocios relacionados con el contrabando, aún más lucrativos que el comercio legal. En ese sentido, se encuentra también el enunciado “la necesidad no tiene ley”, en referencia a que los pobladores de las colonias no tenían otra opción que la ilegalidad ante la prohibición de comerciar con otras metrópolis. Formándose una mentalidad en donde pueden alterarse los pactos sociales de acuerdo a la necesidad del momento.

En el segundo caso, es ilustrativo, del desprecio por la ley, la defensa acérrima que hacía la Iglesia de la cohesión familiar, la condena al adulterio y el confinamiento del sexo al matrimonio. Mientras que en la practica el sexo ilícito era tolerado, ya que fue y es una práctica, incluso común, dentro de los miembros de la iglesia. Por esta razón, se formó una tensión entre la justicia humana y la divina, en favor de esta última, sin que ello signifique su pleno cumplimiento. Sin embargo, se crea una cultura de la desconfianza contra la ley terrenal, a la que juzgan como innecesaria pues ¿quién mejor para servir de juez que el mismo individuo? Tribunales individuales del bien y el mal, ¿acaso la misma auto justificación de quienes incumplen las normas según su conveniencia? En un país tan católico como Colombia ¿por qué esperar al Juicio Final, que parece tan lejano, para entregarle la vida al diablo?

Además, de manera similar a lo acontecido con el sacerdote, por qué no comprar la absolución de los castigos, mediante dádivas al funcionario y/o juez encargado de proporcionar el indulto. En el país, desde aquellos tiempos, se erige una banalización de la violación de las normas, en relación directa entre la facilidad del remedio y la recurrencia del pecado. Lo cual es bastante fácil en Colombia, en donde los altos índices de corrupción e ineficacia para actuar contra los criminales hacen que el incumplimiento de las leyes tenga un gran nicho para florecer.

En ese sentido, pretender remediar la herencia colonial a partir de actos legislativos es un despropósito. Cientos de leyes, decretos y normas quedan y quedarán en el papel si la cultura política no se transforma. Es necesario pensar mecanismos para afianzar la paz, diferentes a la manía de los abogados y los políticos, quienes alucinan con cambiar la realidad con actos legislativos.

Muy seguramente, la paz no necesita una gran reforma constitucional, en cambio sí es urgente una transformación educativa que privilegie el respeto por la diversidad, la tolerancia y el pensamiento crítico.

La justicia y el conflicto

En Colombia, la justicia ha cumplido un doble papel frente al fenómeno violento, por un lado, ha sido víctima de las represalias cometidas constantemente por parte de los diferentes actores armados. Uno de los actos más representativos es la Masacre de La Rochela, en enero de 1989, cuando paramilitares asesinaron a 12 funcionarios judiciales que estaban encargados de investigar el homicidio de varias personas en el Magdalena Medio.

Además ha sufrido amenazas, extorsiones y represalias contra sus familias y personas cercanas, convirtiendo el aparato judicial en un instrumento de las necesidades e intereses de la ilegalidad, la cual actúa bajo el autoritarismo de las armas y el chantaje económico.

Por otro lado, su rol dentro del conflicto armado, no sólo es la de una víctima más de la guerra, porque también ha actuado como perpetradora de la violencia, pues, en muchas ocasiones, sus funcionarios acceden libremente a ser parte del eje de impunidad sobre el cual se siguen cometiendo todo tipo de crímenes. Para el año 2017, eran más de 400 los jueces investigados por “manipulación del reparto judicial, con la asignación amañada de jueces para determinados casos o implicados; el objetivo beneficiar a delincuentes a cambio de millonarios pagos” [5]. En tal sentido, la ineficiencia al aplicar el derecho, ya sea por motivos de corrupción o por el escaso poder del Estado para controlar el ejercicio y aplicación de la fuerza hace que en Colombia se perpetúen los ciclos de impunidad y, con ello, la violencia.

Así, en el país se debe consolidar un orden social democrático en el que todos tengan derecho a la justicia, pues hablar de culpabilidad o inocencia después de un conflicto armado implica una mirada amplia y con la certeza de ser efectiva. Por ello es trascendental tener en cuenta el derecho a la verdad para avanzar hacia la reconciliación nacional, impedir escenarios de violencia futura, contribuir a eliminar la impunidad y dejar constancia de los acontecimientos. Lo que significa que sobre el derecho a la verdad se edifica el proceso penal debido a los aportes que ofrece para la oportuna y transparente investigación de los crímenes. Entonces es importante conseguir un sistema judicial fuerte y transparente como condición esencial para la reconciliación nacional sobre la base del conocimiento del pasado y el juzgamiento de los crímenes.

El reto actual es, como hace más de 20 años el historiador Medófilo Medina lo percibía, la transformación del sistema político:

“Así se advierte que el ciclo se cierra: métodos atrasados y sectarios de confrontación interpartidaria, pobreza de opciones políticas, interferencia bipartidista y control estatal de los movimientos sociales son características de las instancias de consenso del sistema político colombiano. Esas características son otros tantos factores de violencia (1986)”.

Por ello la reforma política es vital para alcanzar la paz en Colombia y así alejarnos de la oleada de violencia que desangra a la sociedad hace más de 50 años.

[1] Medina, 1986

[2] Ibid.

[3] MEE, abril de 2017

[4] Agencia EFE, 2017

[5] Caracol Radio, 2017

Por Jorge Orjuela Cubides
Militante del Partido Comunista Colombiano. Estudiante de maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia.
Agencia Prensa Rural
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