MENú

Opinión El fracaso de la “seguridad democrática”

En enero de 2002, antes de las elecciones presidenciales y en la agonía de la administración de Andrés Pastrana Arango, nadie daba un centavo por la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Las encuestas le asignaban entre el 3 y el 5 por ciento de respaldo. Sin embargo, todo cambió en febrero del mismo año cuando se dio la ruptura de los diálogos del Caguán y en el país cundió el pesimismo frente a la paz, orquestado por los grandes medios de comunicación que alentaban la guerra y el combate a muerte contra las FARC.

En ese ambiente delirante y guerrerista que cundió en el país, y la decepción de la comunidad internacional que acompañó el proceso del Caguán, se trepó en la aceptación de los votantes (la minoría que vota en Colombia) la candidatura de Uribe Vélez, que tenía un discurso de guerra y de confrontación. Prometió que las FARC serían destruidas en los primeros años de su mandato presidencial con la divisa de la “seguridad democrática” de guerra contra el terrorismo, entendida como adelantar acciones contrainsurgentes y contra la izquierda y las organizaciones sociales, sindicales y populares. Para Uribe eran terroristas Manuel Marulanda, Alfonso Cano, Timoleón Jiménez, Iván Márquez, Jorge Briceño y Raúl Reyes, como Carlos Gaviria Díaz, sus críticos y los dirigentes del Partido Comunista. Todos debían atenerse a las consecuencias.

Ese discurso duro y agresivo, liberticida en la práctica, caló en un sector del país, no solo del establecimiento, que votó de forma abrumadora por Álvaro Uribe Vélez sin tener en cuenta su turbio pasado, que era la comidilla diaria en reuniones sociales y en los exclusivos clubes de la “rancia aristocracia bogotana” como solía decir el inolvidable comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Como casi siempre, el 60 por ciento de la población apta para votar se abstuvo de hacerlo.

Un oscuro pasado

Sobre Álvaro Uribe Vélez se tejían todo tipo de historias sobre sus antecedentes, soslayados por los votantes y por los gobiernos de Europa que apoyaron el proceso del Caguán. Pasaron sin pena ni gloria a apoyar al presidente electo y a enjuiciar a las FARC-EP como responsables del endurecimiento gubernamental. Así lo percibí en una gira por Europa, que realicé en junio de 2002, antes de la posesión de Uribe, en la que hice contactos con los ministerios de asuntos exteriores de varios países europeos para promover el acuerdo humanitario y, salvo Francia y el Vaticano, los demás creían imposible cualquier acercamiento con las FARC. A nivel de los partidos tanto de la derecha y la mayoría de los socialdemócratas tenían la misma opinión. En el Vaticano me entrevisté con monseñor Magliore, Secretario de Estado entonces, y después Nuncio en Estados Unidos, quien hizo una expresa y pública declaración de apoyo al canje de prisioneros como un paso a la humanización de la guerra. Todo lo contrario de lo que opinaba en Bogotá el cardenal Pedro Rubiano, uribista del primer anillo.

Todos ellos guardaban silencio de su apoyo a las cooperativas “Convivir”, fachada de los paramilitares, desde la gobernación de Antioquia o de las licencias que otorgó a dudosas firmas de transporte aéreo, algunas investigadas por vínculos con el narcotráfico, cuando se desempeñó como Director de la Aeronáutica Civil o de que figurara en los archivos de la DEA como sospechoso de contribuir con los carteles del narcotráfico. Nada de ello era importante a la hora de adelantar la guerra contra las guerrillas colombianas. Tampoco pesó en las relaciones internacionales. Uribe se convirtió en el consentido del gobierno de los Estados Unidos y de los gobiernos de la derecha a nivel internacional.

La “seguridad democrática”

Con ese discurso se posesionó el siete de agosto de 2002. Martha Lucía Ramírez, primera ministra de Defensa, lanzó el “Plan Patriota” de guerra total contra las FARC-EP y prometió que en 90 días serían borradas de la faz de la tierra. Se ejecutó también, más adelante, el “Plan Consolidación” para ayudar con inversión social a las zonas de conflicto, que fueran siendo liberadas de la presencia guerrillera. Solo sirvió para la militarización de los territorios y perseguir a los dirigentes agrarios, sociales y comunales.

Fueron años difíciles y de creciente violación de los derechos humanos, que recordaban los tiempos del “estatuto de seguridad” en el gobierno de Julio César Turbay a quien Uribe exaltaba con frecuencia en sus discursos veintejulieros.

Uribe sostenía que el límite de la “seguridad democrática” se extendía más allá de la frontera colombiana con el argumento de la extraterritorialidad de la lucha contra el terrorismo. Así lo practicó. El 13 de diciembre de 2002 fue secuestrado en Caracas el dirigente de las FARC-EP, Rodrigo Granda, conocido como el “canciller de las FARC”, quien fue conducido a Cúcuta en el baúl de un carro. Fue la primera crisis en las relaciones con el gobierno de Hugo Chávez. Otra sería cuando lo despojó de forma abrupta de su condición de negociador del acuerdo humanitario que le había otorgado y una más cuando el 1 de marzo de 2008, el presidente Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ordenaron el ataque a un campamento de paso de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Con el mismo argumento de la extraterritorialidad de la “seguridad democrática”, varios dirigentes de izquierda fueron seguidos en el exterior por detectives de inteligencia del DAS. Las embajadas de Colombia fueron convertidas en centros de espionaje y de instrucción de cargos judiciales contra exiliados y residentes colombianos.

Con los paramilitares

Tras el bombardeo al campamento de Raúl Reyes y la masacre de varios guerrilleros, el gobierno montó procesos judiciales contra dirigentes de izquierda del país y del exterior, con la “prueba reina” de los computadores del jefe guerrillero, que sobrevivieron a las 50 toneladas de bombas que fueron lanzadas por los aviones de la FAC. Con el tiempo los montajes se vinieron abajo, no pasaron de ser una provocación para perseguir a los opositores.

Entre tanto, Uribe dialogaba con los paramilitares, les daba todo tipo de garantías, aunque al final a varios de ellos los traicionó porque los extraditó a Estados Unidos. Hasta la Casa de Nari, como se le conoció en esos años, se convirtió en centro de reuniones con abogados y delegados de los paramilitares y narcotraficantes mientras se negaba al acuerdo humanitario y a los diálogos de paz.

Surgieron las “chuzadas” del DAS para perseguir a opositores y críticos del Gobierno, incluyendo periodistas, magistrados y dirigentes políticos. El país se estremeció con la denuncia de los “falsos positivos” que eran ejecuciones extrajudiciales, promovidas por el Ministerio de Defensa mediante el reconocimiento de premios y dádivas a los que reportaran bajas entre las fuerzas insurgentes. Fue un gobierno con todo tipo de prácticas degradantes, incluyendo el cohecho mediante el cual Uribe logró la reelección. La parapolítica, investigada por la Corte Suprema de Justicia, llevó a la cárcel a varios congresistas del oficialismo, hasta el punto que el mismo presidente Uribe Vélez en el desespero para lograr su reelección dijo: “voten antes de que los capturen”.

La doble moral

Sin embargo Uribe Vélez actuó con doble moral. Muchas de las propuestas de paz que hoy rechaza él las hizo en sus dos gobiernos. Liberó a Rodrigo Granda por petición del presidente Zarkozy de Francia, estuvo a punto de desmilitarizar dos municipios en el Valle del Cauca para el acuerdo humanitario, prometió amnistía y curules en el Congreso en caso de acuerdos de paz, así como reformas constitucionales. “Todo se puede resolver en caso de acuerdos de paz”, decía.

Autorizó a Álvaro Leyva y Carlos Lozano para buscar contacto con el comandante Manuel Marulanda. Al final de su gobierno, a través de Henry Acosta le propuso dialogar a las FARC. A Cano no le pareció serio que ese deseo de dialogar le diera a última hora cuando su gobierno ya terminaba. En realidad Uribe privilegió la guerra. Fueron golpes duros para las guerrillas pero los resistieron. El sueño uribista fue derrotar a las FARC y no lo logró.

 

Por Carlos A. Lozano Guillén
Director del semanario Voz y dirigente del Partido Comunista Colombiano
www.radiomacondo.fm