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Una justicia trágica

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, y Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación. Fuente: La Libertad

Me duele decirlo, pero se sabía que el Consejo Nacional Electoral (CNE) iba a salir con “un chorro de babas”. Y no hay razón lógica para ello, pero infortunadamente sabíamos que la “investigación” no era más que un simulacro en el que participarían el CNE y las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia.

Después de 8 meses de “indagación”, el CNE no sólo fue incapaz de probar lo que ya estaba probado, -que Santos y Zuluaga financiaron sus campañas con dineros de Odebrecht, como lo declaró Eleuberto Martorelli-, sino que ahora parece que la justicia le salió a deber a Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático por investigar unas actuaciones que son, a todas luces, ilícitas.

Álvaro Uribe, David Zuluaga y Óscar Iván Zuluaga. Los dos últimos fueron “investigados” por el CNE gracias al ingreso de dinero de extranjeros a su campaña a a Presidencia. Imagen tomada de 1.bp.blogspot.com

El cuento es el siguiente: en el año 2010, Santos se vio beneficiado por dineros de la multinancional brasileña Odebrecht para hacer su campaña a la Presidencia. En el año 2014, nuevamente Odebrecht financió parte de la campaña de Santos, y al mismo tiempo la de Zuluaga. Es decir que jugó a dos bandas para asegurarse contar con el apoyo del presidente de Colombia desde el 2014 hasta el 2018. 

La empresa brasileña no hizo algo diferente a lo que hacen los grades empresarios de un país: se aseguran de financiar las campañas políticas de las personas más opcionadas para llegar al cargo público para que, una vez estén ejerciendo el cargo, les devuelvan los favores con grandes contratos o haciendo leyes que les benefician de manera diferencial.  

Hasta ahí, todo está dentro de lo común en la política. No es la forma en la que deberían ocurrir las cosas, pero así ocurren. El problema con el actuar de Santos, Zuluaga y Odebrecht es que la Constitución establece explícitamente en el artículo 109 los siguiente: “Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.”   La Constitución no determina cuál es el castigo para ese actuar, pero uno supondría que por lo menos debería ser el retiro inmediato del cargo que desempeñe el ciudadano hallado culpable.

En este caso, los dineros que usó Odebrecht para financiar a Santos y Zuluaga tienen fines criminales porque su propósito era asegurarse los contratos de La Ruta del Sol I y II, Navelena y otros proyectos de inversión en los que logró unas ganancias ingentes de dinero mediante sobornos y chancullos.

Odebrecht. Fotografía tomada de Semana

Toda esa corrupción, aunque financiada inicialmente con dineros privados, termina siendo pagada con los dineros públicos (los de su bolsillo, de la minería, las empresas públicas y los de todos los impuestos que pagamos), porque Odebrecht se aseguró de que los sobrecostos en construcción de infraestructura fueran tan altos que su “inversión” se multiplicó varias veces.

Y el tema es aún más complejo: Néstor Humberto Martínez no quiere investigar a todos los responsables de la corrupción financiada por Odebrecht porque él trabajó para varias de las organizaciones que se beneficiaron de los sobornos, y en consecuencia, la trágica justicia que tenemos terminará condenando a dos o tres imbéciles, que aunque culpables, son sólo una pequeña parte de una trama de corrupción que en Perú tiene en la cárcel al expresidente Ollanta Humala, por citar un solo ejemplo. La justicia en Colombia es tan frágil y adaptable a las necesidades de los poderosos que, a todos les dan casa por cárcel y, con sólo decir “me acabo de enterar”, “fue a mis espaldas”, “el del vídeo no soy yo”, todos terminan absueltos.

Eso fue lo que hizo el CNE el 24 de octubre, archivó la investigación contra Zuluaga y de paso dijo que “logró determinar la inexistencia de plena prueba que permita inferir el ingreso de aportes a la campaña del señor Oscar Iván Zuluaga por parte de la Multinacional Odebrecht”, como lo informó El Colombiano. En un país con una justicia seria, Zuluaga, Santos, Ñoño Elías, etc estarían todos pagando una condena ejemplar y devolviendo los dineros que se robaron con intereses, pero esto es Colombia.

Por Francisc Lozano

(1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano

 

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