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Riesgo inminente en Buenaventura por accionar de grupos armados

“Exigimos que la paz no ponga en riesgo la vida de los sobrevivientes de la guerra”.

El pasado 2 de noviembre, la Defensoría delegada para prevención del riesgo de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, emitió el informe de riesgo número 047-17 de inminencia, en el cual, se alerta sobre el resurgimiento y fortalecimiento de dinámicas armadas en la zona rural del Distrito de Buenaventura, específicamente la zona costera; integrada por la comunidad de la Barra, Juan chaco y ladrilleros. En la zona urbana se resalta la compleja situación de las comunas número 3, 4 y 12 (zona sur de la Isla Cascajal).

Los grupos armados han profundizado los escenarios de victimización, perpetuando hechos violentos que posibilitan el control de la vida cotidiana de la comunidad y de igual manera el control de los territorios estratégicos para las economías tanto legales como ilegales. En la zona costera de La Barra, Juanchaco y Ladrilleros, se están presentando atracos en las trochas, cobro de extorciones, violaciones sexuales, amenazas a líderes y consumo masivo de sustancias psicoactivas de manera sistemática.

Preocupa la situación de seguridad y protección de estas comunidades a pesar de estar en la zona de influencia de la Base Naval más importante del pacifico colombiano, como es la de Bahía Málaga. El cobro de extorsión a los transportadores y personas que se desplazan a los ríos Naya, Raposo, Micay, Mallorquín principalmente, es otro de los hechos que pone en riesgo el derecho a la movilidad de los pobladores rurales.

En la zona urbana de Buenaventura el panorama es igual de complejo, alarma el fenómeno de desaparición forzada en barrios de la comuna 12 especialmente, los desplazamientos forzados, el uso de los niños, niñas y adolescentes por parte de los actores armados y el reclutamiento de los jóvenes, especialmente los Pastoral Social Buenaventura Comunas 5, 6 y 12, Barrios Oriente, Isla de la Paz, Los Ángeles, La Cima, Santa Fe, La Inmaculada y El Capricho que ya han prestado el servicio militar.

La violencia sexual ejercida en contra de las adolescentes de 12, 13 y 14 años por parte de los jefes de los grupos. Se han presentado desplazamientos individuales, como mecanismo de las madres de familia para salvaguardar la integridad física y moral de las niñas y niños que están siendo asediados. El fenómeno masivo de consumo de sustancias psicoactivas propiciado por los actores armados dirigido principalmente a los niños y adolescentes que son utilizados en la dinámica bélica, es desproporcionado.

En la zona sur de la isla Cascajal se presentan balaceras frecuentes, lo cual tiene atemorizada a la población civil, provocando desplazamientos forzados “gota a gota”, es decir que las personas vulnerables salen por su cuenta, sin denunciar y poco a poco van sacando a sus familiares, lo cual invisibiliza la real dimensión del desplazamiento que se vive actualmente.

Evidentemente el panorama del llamado postconflicto para la comunidad urbana y rural de Buenaventura no es para nada diferente a lo que ha vivido históricamente producto del conflicto armado. Buenaventura está viviendo un panorama de intensa y deteriorada violencia, en el marco del contexto de paz. Los hechos que se han presentado durante el mes de octubre y lo que va corrido de noviembre prenden la alarma nuevamente de los organismos multilaterales de Naciones Unidas, CIDH, OIT, entre otros, que han emitido en el pasado reciente informes de riesgo y recomendaciones al gobierno colombiano.

Exigimos la implementación del Capitulo étnico de paz. Seguimos a la espera de las garantías de no repetición. Exigimos que la construcción de paz territorial se convierta en una realidad para las comunidades víctimas del conflicto armado en Buenaventura. Exigimos que la paz no ponga en riesgo la vida de los sobrevivientes de la guerra. Finalmente resaltamos que los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en el pasado paro cívico de Buenaventura deben ser cumplidos en los tiempos pactados. La dilación en el cumplimiento de los acuerdos agudiza la crisis social y humanitaria que vive el puerto debido a la deuda histórica del Estado colombiano con las comunidades.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional a acompañar esta solicitud y demandar de manera urgente garantías para la vida y para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

 

Pastoral Social de Buenaventura
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