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¡La Censura Judicial – Máscara de la injusticia!

La Acción Popular interpuesta para la defensa del Bosque Seco Tropical del río Lili y el Humedal El Cortijo por la Comunidad del Valle del Lili, amenazados con la absurda proyección del Terminal del Sur para el sistema municipal de buses articulados, ha generado bastante opinión pública, especialmente por el entusiasmo de la ciudadanía más cercana a estos dos pequeños biomas, además del acompañamiento de buena parte de los periodistas de distintos medios (periódicos, televisión, radio e internet), que han contribuido a darle continuidad y vigencia a esta temática que compromete la ignorancia supina de directivos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y del Alcalde de Cali por intermedio de Metro Cali.

El trámite judicial que cumple ya doce semanas desde la interposición de la demanda que tengo el honor de llevar en representación de la ciudadanía valleliliense, ha dado también mucho de qué hablar, porque el magistrado Chávez del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a quien le correspondió, ha hecho malabares no muy convencionales, como por ejemplo inadmitirla y luego declararse impedido para conocer del asunto, alegando el haber interpuesto una queja disciplinaria contra el suscrito en otra Acción Popular, querella que fue terminada anticipadamente por el Consejo de la Judicatura por infundada, al igual que el impedimento, negado por dos magistrados y el salvamento de un tercero, trámite que se surtió a paso de tortuga.

Durante esta inmovilidad, sufrió parálisis la resolución de la petición de medidas cautelares de urgencia, solicitadas para suspender los permisos ambientales que la autoridad ambiental le otorgó a Metro Cali y al vendedor del terreno, predio que había sido originalmente de un tristemente célebre narcotraficante, luego extinguido por el Fondo para la Lucha contra el Crimen Organizado hace tan solo cinco años, finalmente comprado por la empresa de transporte municipal por un valor diez veces más alto en diciembre del año pasado.

El magistrado en cuestión ordenó dispendiosos estudios para determinar con certeza el grado de impactos ambientales, a cambio de las solicitadas y razonables ordenes provisionales de interrupción de las autorizaciones que permiten derribar tres hectáreas de cobertura boscosa que se conjugan y sirven de albergue al humedal léntico, en donde se refugian más de cuarenta especies de aves, tortugas dulce acuícolas, guatines y dantas, siete especies de murciélagos, bromelias epifitas y orquídeas (plantas en veda nacional desde el año setenta y siete), haciendo de estos un frágil ecosistema de especial importancia ecológica en vía de extinción, pues solo queda el cinco por ciento en todo el país.

Dichos estudios fueron ordenados con cargo al Fondo para los Derechos Colectivos de la Defensoría del Pueblo, un fondo sin fondos más quebrado que un bulto de canela, pues los incentivos económicos de las acciones populares o recompensa por las demandas exitosas que eran su fuente de recursos, fueron derogados por iniciativa del senador Barreras. Lo absurdo de la decisión tomada, es que viola el “Principio de Precaución” que establece textualmente que no puede alegarse la falta de certeza científica absoluto para tomar medidas en defensa de los recursos naturales y su oferta ambiental, “dubio in pro natura” establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica en Río de Janeiro en el año noventa y dos, además de consagrada en la ley que creo el Sistema Nacional Ambiental y el primer ministerio de ambiente en el noventa y tres.

La gota que rebasa la copa es que el operador judicial al concederme el recurso de apelación que deberá decidir el Consejo de Estado, ha decidido censurar una vez más los términos de mis memoriales, amenazándome con la aplicación de sanciones, pretendiendo intimidar mis convicciones y libre desarrollo de mi personalidad, mis opiniones y mi libertad de expresión. Estos derechos fundamentales protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre los cuales la Corte Interamericana ha dicho que son formas eficaces para denunciar la corrupción, que comprende expresiones socialmente aceptadas, inusuales, alternativas o diversas, incluyendo las ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono, por lo que ninguna autoridad sin importar su jerarquía o su posición dentro de la estructura del Estado, ni la función estatal concreta que ejerce puede incurrir en censura; tal como lo ha advertido el Consejo de la Judicatura, no pueda edificarse un reproche sin los elementos propios de la falta como lo es la tipicidad, debe existir un verdadero desbordamiento en su actuar, y no un acto que se califique desde la subjetividad como lesivo. Huelga decir que el también sonado caso de remoción del otrora Director de la C.V.C. se lo gané al mismo magistrado Chávez en el Consejo de Estado y está por definirse en ese mismo estrado la defensa de la Reserva Forestal Nacional Protectora Dapa-Carisucio, que el falló negativamente en primera instancia el mismo personaje.

Sin conocer el contexto propio de esta tierra vallecaucana, el funcionario judicial de marras lastimado por la vehemencia de mis memoriales y confeccionados con convicción, disciplina, conocimiento y estoicismo, pretende echar por la borda cuarenta años de contacto, aprendizaje y ejercicio del derecho ambiental en contra de la contaminación ambiental y de la corrupción estatal, animado desde mi nicho donde desplego las alas de mi imaginación animado por los bellos versos del Quijote de la Mancha, sin perder contacto con el suelo de la realidad ayudado por el peso del coto palmirano y la velocidad de mi inseparable caballito de hierro en el que recorro con sublime alegría las calles de la Sucursal del Cielo, para enfrentar los castillos del perverso establecimiento.

 

Palmira, cinco de noviembre de dos mil diecisiete.

Por Armando Palau Aldana
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