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Análisis: Colombia, cada vez más lejos de la paz

Las deficiencias y la falta de voluntad política para agilizar y mejorar el proceso son alarmantes.

A un año de firmados los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, son reducidos los avances en términos de su implementación. Esta situación ha motivado a diferentes sectores a movilizarse en contra del gobierno de Juan Manuel Santos, al que achacan el incumplimiento de lo acordado y del que reclaman mayor coherencia frente a las políticas que están (o no) en marcha, en particular, frente a la lucha contra las drogas ilícitas y la protección a líderes sociales, de derechos humanos y políticos.

En este momento álgido se levantan protestas en todo el país. El paro ha empezado por el sur de Colombia, una de las regiones más afectadas por las nuevas conflictividades. “El incumplimiento a los acuerdos colectivos de sustitución concertada”, el “estancamiento del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito” –referido al punto del problema de drogas ilícitas– y “la obstrucción a varios proyectos de ley para poner en marcha” fueron las principales motivaciones de las asociaciones integrantes de la Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y los Territorios, así como de Anzorc [1], Coccam [2], Fensuagro [3], Conpi [4], Conafro [5] y Marcha Patriótica para iniciar el paro nacional indefinido desde el 23 de octubre.

Las deficiencias y la falta de voluntad política para agilizar y mejorar el proceso son alarmantes. Las demoras en la ejecución de los acuerdos y la contradicción de las políticas que se están implementando están teniendo un impacto muy relevante en términos de violencia contra las comunidades y líderes políticos, sociales y de derechos humanos, quienes en su ejercicio se están convirtiendo en víctimas de diversos actores armados.

Entre los victimarios se encuentran las Fuerzas Armadas del Estado y los grupos armados post-desmovilización –herederos del paramilitarismo–, así como nuevos grupos delincuenciales bautizados como ‘disidencias de las FARC’, denominación que surge a propósito de descalificar al partido político y que están usando los medios tradicionales de comunicación para posicionar un discurso hegemónico que busca mantener a los militantes de las FARC como perpetradores de la violencia en los territorios. Estos grupos están en disputa por la ocupación del territorio y por el monopolio de las economías ilegales. El resultado de la improvisación y la incoherencia es que, en lo que va corrido de 2017, según la Fundación Paz y Reconciliación, 81 líderes sociales han sido asesinados, mientras que las FARC denuncia el asesinato de 16 de sus militantes.

Los problemas de la implementación incluyen todos y cada uno de los puntos de los acuerdos, reflejando así una falla estructural y no coyuntural que, en diversas ocasiones, las cabezas visibles de las FARC y los mecanismos de monitoreo y verificación tripartitos han evidenciado. El punto de Reforma Rural Integral es uno de los que mayores complicaciones presenta. Sus problemas se originan en la descoordinación del Estado con sus propias instituciones y en que los enfoques comunitarios, de goce efectivo de derechos y la no repetición no se incorporan como las metas de los programas implementados en el marco de las reformas articuladas, con el objetivo de llevar a cabo la Reforma Rural Integral. Además, la resistencia de sectores de poder –apoyados por sus aliados en las instituciones de justicia y legislativas– impide acelerar la reglamentación del acuerdo.

De esta manera, los mecanismos que se están usando distan de tener en cuenta a las comunidades para sus procesos. Buenos ejemplos son los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) a cargo de la Agencia de Renovación Territorial (ART). Dichos planes se plantearon focalizando a los municipios más impactados por el conflicto. Para ello se priorizó la implementación de planes de desarrollo, realizados a través de los diagnósticos en las comunidades receptoras. Sin embargo, los diagnósticos comienzan desde cero, desoyendo a comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y negras que históricamente han gestado para sus territorios acciones colectivas para demandar y construir reformas, constructoras de planes territoriales ad-hoc a sus necesidades.

Pero los déficits no acaban ahí; la Ley de Tierras que se presentó para la consulta previa de la Mesa Permanente de Concertación Indígena fue rechazada en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), tras identificar que la misma promueve un enfoque reacio a contener el modelo extractivista que más afecta a las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Otro punto álgido del proyecto de ley, que critica las FARC, tiene que ver con la titulación excepcional de baldíos que, sumada a la figura de acreditación de la propiedad privada –sin que medien limitaciones relativas a la extensión de la tierra– puede representar una amnistía a la apropiación ilegal de la tierra.

A los problemas en la implementación de la Reforma Rural Integral se suma el retraso de la puesta en práctica del sistema de Justicia Transicional, Justicia Especial para la Paz (JEP), del que dependen otros puntos acordados como son los de Reincorporación y de Participación Política. La JEP se ha convertido en el nuevo caballo de batalla de la extrema derecha para minar el avance de los Acuerdos de Paz y retrasar su implementación a un escenario electoral polarizado o bien a un eventual cambio de timón en el Ejecutivo a 2018. Cambio Radical, el partido del exvicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras se distanció de la coalición de gobierno para poder votar en contra de la misma en el Congreso, arguyendo su desacuerdo con la puesta en práctica del nuevo sistema de justicia. La posición de la formación de Vargas Lleras se acerca cada vez más al Centro Democrático que ha adquirido vías de hecho para minar la ejecución de la JEP.

Así, desde el uribismo, se adelanta –por parte de los congresistas Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada– la recolección de firmas para el referendo anunciado en septiembre, que busca derogar tres actos legislativos aprobados en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz: la Jurisdicción Especial para la Paz, el blindaje jurídico de los acuerdos y la participación política de las FARC. Asimismo, presentaron un proyecto de Acto Legislativo en el Congreso para que los delitos cometidos por agentes del Estado, en el contexto del conflicto armado, no sean juzgados por la JEP, sino por una nueva sala de justicia penal militar al interior de la Corte Suprema de Justicia.

Median, además, distintos criterios sobre la reincidencia de excombatientes: desde la Fiscalía General de la Nación se plantea que los miembros de las FARC reincidentes pierdan el tratamiento especial que se adelantaba en la JEP y sus expedientes pasen a manos de la justicia ordinaria. De igual manera, quienes hayan cometido delitos de efecto continuado pasarían a su jurisdicción. Una interpretación de los Acuerdos de Paz que no honra su enfoque restaurativo y que ha sido criticado desde Voces del Paz, el movimiento vocero de las FARC en el Congreso.

Las observaciones no acaban ahí, también provienen de instancias internacionales: la fiscal de la Corte Penal Internacional, Faotu Besouda, en un concepto jurídico enviado a la Corte Constitucional, señala que no es favorable ni para el concepto de responsabilidad del mando establecido, ni para la característica de “sistemático” a la hora de hablar de juzgar a quienes cometieron graves crímenes: “Un tribunal que aplique el artículo (de responsabilidad del mando) del Acto Legislativo 01, tal como está formulado, podría verse impotente para hacer cumplir el derecho internacional consuetudinario frente a los jefes militares (…) esto significaría que las personas con capacidad material de prevenir o de castigar los crímenes de los subordinados podrían quedar impunes”. Además, teme que los autores de crímenes de lesa humanidad puedan recibir beneficios “que, si bien no fueron cometidos en forma sistemática, podrían no obstante estar abarcados por la jurisdicción de la CPI”.

Las dilaciones en la puesta en marcha de la JEP impactan de manera directa en otros dos puntos acordados. En primer lugar, en la reincorporación de los excombatientes en la sociedad civil. Los más recientes hechos reflejan las enormes fallas en los mecanismos de seguridad para los excombatientes que están desencadenando su exposición a asesinatos selectivos y el comienzo del exterminio de los integrantes de la nueva fuerza política. El partido FARC aseguró que el 15 de octubre fueron asesinados seis ex integrantes de las FARC en El Charco, Nariño. Sus victimarios serían miembros de una “banda encabezada por personajes con los nombres de Robinson Alirio Cuero Obando (Álvaro Galán) y Eliécer García Estupiñán (Marcos Arteaga)”. Esto se sumaría a otros 10 integrantes de las filas de las FARC y familiares que han sido asesinados en diferentes zonas del país.

Las amenazas no acaban ahí, según CERAC, los integrantes que se han desmovilizado y dejado las armas siguen siendo víctimas de persecución y viven en una suerte de limbo que les impide, a pesar de haber cumplido lo pactado, reincorporarse a la sociedad, dado que su situación jurídica aún está por resolverse –habida cuenta de las enormes demoras de la implementación de la Justicia Transicional–. Según el partido FARC, del listado con 3.782 nombres de personas privadas de la libertad, reconocidas como miembros de la organización, a la fecha, 2.716 han quedado en libertad. Los mismos se tienen que enfrentar a situaciones de detenciones arbitrarias por detención de los miembros de la Fuerza Pública, cuando se movilizan en el territorio nacional.

El comienzo del extermino de líderes sociales y militantes de las FARC coincide con el letargo en el desarrollo legislativo que da vida al punto de participación política. Así el proyecto de Acto Legislativo de Reforma Política continúa en la Plenaria de la Cámara de Representantes, sin haberse –hasta el momento– votado artículo alguno del proyecto. La lentitud con que avanza el trámite preocupa particularmente porque, de continuar con este bajo ritmo, es poco probable que la reforma sea aprobada antes del día 11 de noviembre, fecha en la que se da inicio a la inscripción de listas para las elecciones legislativas de marzo de 2018.

Este repaso somero sobre la actual situación en cuanto a la implementación de los Acuerdos de Paz, firmados entre las FARC y el Gobierno Nacional, permite concluir que la falta de blindaje político e institucional de los acuerdos, el letargo en la activación normativa que da lugar a su implementación y la falta de voluntad política del oficialismo, sumados a la guerra frontal de la extrema derecha contra los mismos, han generado importantes retrasos que impactan directamente en diferentes actores de las comunidades afectadas por el conflicto armado.

La ausencia de garantías a líderes sociales y desmovilizados de las FARC, resultante en el asesinato de casi un centenar de personas relacionadas con la dinamización de los acuerdos en las comunidades, evidencia una práctica sistemática de exterminio de actores sociales que serían representantes políticos de sus comunidades, cuyos victimarios son grupos armados derivados de la desmovilización paramilitar.

El exterminio de los liderazgos susceptibles de participar políticamente en representación de sus comunidades se suma a las presiones, amenazas y homicidios hacia integrantes de comunidades cocaleras que encuentran contradictorias las políticas del gobierno en su lucha contra las drogas, el cual, frente a la amenaza del presidente Trump de descertificar Colombia y las reiteradas presiones de la DEA –ante el incremento de las hectáreas de coca–, comienza nuevamente procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, saldándose recientemente con la vida de al menos seis campesinos en Tumaco a manos de integrantes de la Fuerza Pública.

La política contradictoria con los acuerdos, en cuyo punto de solución al problema de las drogas ilícitas se plantearon los planes de sustitución voluntaria, ha llegado a cuentagotas a los territorios, de la mano de una reforma rural integral que no termina de instalarse e impide a los campesinos transitar a las economías no relacionadas con el cultivo de coca con destino al narcotráfico. Esta situación es una de las principales motivaciones de las protestas que se levantan en todo el país desde el 23 de octubre y que evidencian, una vez más, que las conflictividades sociales en Colombia se vinculan a causas estructurales de desigualdad social, pobreza y marginación. Hoy tanto las FARC como el ELN han dado un paso al lado y avanzan firmes hacia escenarios de participación política, sin embargo, en los territorios el exterminio paramilitar persiste, la pobreza extrema para los campesinos parece ser la única alternativa al narcotráfico y la corrupción sigue permeando todos los ámbitos institucionales. Se avecina un año electoral en el que los candidatos continuarán la polarización en torno a la paz. La implementación de los acuerdos será –como se ha podido ver hasta ahora– su eje de posicionamiento en el que, si la tendencia se mantiene, el pulso será entre dos liderazgos de derechas desinteresados por la suerte de la paz en Colombia.

[1] Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

[2] Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana

[3] Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria

[4] Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia

[5] Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes

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