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Colombia: En solidaridad con los prisioneros políticos

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Del 20 al 25 de junio pasado tuve la oportunidad de participar en una misión de derechos humanos a Colombia organizada por la Fundación Lazos de Dignidad y la Coordinadora Americana de los Derechos de los Pueblos.

Dentro de las actividades que realizamos estuvo la visita a los prisioneros políticos del pabellón N° 6 de la cárcel de Chiquinquirá, los que hoy, cuando escribo estas líneas, se encuentran en huelga de hambre, junto a más de 1.500 prisioneros políticos movilizados en distintas cárceles de Colombia. Ellos demandan que se cumpla la ley 1820 de amnistía e indulto. Esta ley les permitiría volver a ser libres. Sin embargo, los jueces de aplicación de penas arbitrariamente, por odio, venganza, no la quieren aplicar.

Los prisioneros políticos son miembros de las FARC-EP, organización que firmó los acuerdos de paz con el gobierno colombiano y que en junio pasado entregó a la ONU sus últimas armas. Hoy la única arma que quieren tener es la palabra.

Es necesario decir que las FARC-EP quieren transformarse en un movimiento o partido político legal y desde ahí van a seguir luchando por una Colombia con mayor justicia social.

Visitamos las Zonas Veredales “Mariana Páez” y “Simón Trinidad” ubicadas en Buenavista, del municipio de Mesetas, departamento del Meta, en las montañas colombianas.

En el primer lugar están los guerrilleros y en el segundo un grupo de prisioneros políticos, los que han sido traídos a este lugar en cumplimiento de los acuerdos de paz. Ambas zonas están en proceso y en transición hacia la normalización definitiva.

Quiero recordar también que nos reunimos con Cristian Delgado, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, quien nos dijo que “a raíz de los diálogos de paz y la firma del acuerdo final entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, ha habido una disminución de la violaciones a los derechos humanos en relación al conflicto”. Sin embargo, nos expresó que “se siguen registrando asesinatos a líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos”.

Un día antes de esta reunión, habían asesinado al sindicalista Mauricio Vélez López en el Cauca, y en lo que va de este año más de 63 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados. Dijo también que desde la fundación de Marcha Patriótica, desde el año 2012 a la fecha, han asesinado a 136 de sus compañeros.

También nos señaló que el conflicto dejó más de siete millones de desplazados internos de acuerdo a cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Recordemos también que el Informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” señaló que el conflicto armado dejó en Colombia al menos 220 mil personas asesinadas, 25 mil desaparecidas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012. El 82 % de las víctimas fueron civiles.

La Escuela de las Américas

No es la primera vez que visitamos Colombia. Diez años atrás, en 2007, junto a Lisa Sullivan, Linda Panneta y Roy Bourgeois estuvimos en este país que históricamente ha sido el número uno en enviar más soldados a la Escuela de las Américas y donde más violaciones a los derechos humanos se cometen en nuestro continente.

Ese año nos intentamos reunir con el entonces ministro de Defensa, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para pedirle que dejara de enviar soldados a la Escuela de las Américas. No nos recibió.

Un informe de Fellowship of Reconciliation titulado “Falsos positivos en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos 2000-2010” encontró una correlación positiva entre las unidades y oficiales que recibieron asistencia y capacitación estadounidense, y las ejecuciones extrajudiciales cometidas.

Fueron miles las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, antes de los inicios de los diálogos de paz, los mal llamados “falsos positivos” donde civiles eran asesinados y luego pasados por guerrilleros “muertos en combate”.

No puedo dejar de recordar los testimonios que escuchamos entonces de los integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Entre ellos, el de Iván Cepeda que relató que su padre Manuel había sido asesinado en 1994 y que miles de militantes de Unión Patriótica fueron exterminados en el periodo de los diálogos de paz del gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP.

Esperamos hoy que esa historia no se vuelva a repetir y que el Gobierno colombiano asegure el cumplimiento de los acuerdos de paz y la seguridad de quienes deponen las armas para pasar a la lucha política.

Es hora de liberar a los prisioneros políticos en Colombia y darle una oportunidad a la paz.

 

Por Pablo Ruiz
Integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
ALAI, América Latina en Movimiento : http://www.alainet.org

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