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Carta al Presidente Santos solicitando moratoria al fracking

3.-Fracking

 

Las actividades de fracking son contrarias a los principios y derechos constitucionales del ordenamiento jurídico colombiano que deben ser garantizados por las entidades estatales. De un lado, las afectaciones que tiene el fracking en el agua, y en su disponibilidad, afectan los derechos a la vida, al agua y al ambiente sano, entre otros. Esto, teniendo en cuenta que «el agua es vital para el ejercicio de derechos inherentes al ser humano y para la preservación del ambiente»9 y que el derecho al agua potable destinada al consumo humano es un derecho fundamental de todas las personas.

Bogotá, D. C., 22 de marzo de 2017

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia Casa de Nariño
E. S. D.

Asunto: Solicitud de moratoria al fracturamiento hidráulico en lutitas (fracking) y suspensión de proyectos en Colombia.

Cordial saludo señor Presidente.

Por medio de la presente, organizaciones ambientalistas y sindicales, sectores académicos y procesos sociales de defensa del territorio articulados en la Alianza Colombia Libre de Fracking, acudimos ante usted con el fin de solicitar que se declare la moratoria a la técnica de fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, más conocida como fracking (en adelante fracking), en perspectiva de su prohibición, así como la suspensión de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que actualmente utilizan esta técnica. Lo anterior, teniendo en cuenta el riesgo ambiental y de salud pública que implica su implementación en nuestro territorio.

En particular, el fracking conlleva un alto riesgo de afectación al agua, que es de vital importancia para la vida y la supervivencia. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), esta técnica podría generar la contaminación de cuerpos de agua potable, tanto subterráneos como superficiales. Lo anterior se explica debido a la gran concentración de sustancias químicas que se utilizan en la perforación. Los millones de litros de agua que se utilizarían en esta técnica quedarían irremediablemente contaminados y sería imposible verterlos nuevamente a las fuentes hídricas ya que no existe ningún método en el mundo que permita eliminar los agentes tóxicos y radioactivos de las aguas residuales.1 Esta situación podría causar una disminución en la disponibilidad de la reserva hídrica nacional.2

Las afectaciones del fracking a los ecosistemas y en la reducción hídrica pueden generar un aumento en los conflictos socio-ambientales, en busca de un acceso equitativo y sostenible, y asimismo poner en riesgo la gobernanza del agua en el país. Todo esto conllevaría, a un incumplimiento por parte del Estado colombiano en su obligación de garantizar el acceso al agua,3 así como a desatender los compromisos internacionales sobre la protección de fuentes hídricas, que se encuentran en instrumentos como la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, la jurisprudencia de tribunales como la Corte Internacional de Justicia y los principios del derecho internacional ambiental.

Por otro lado, decenas de investigaciones científicas producidas por universidades, institutos y entidades prestigiosas en todo el mundo advierten del incremento de la sismicidad que se generan con la reinyección de aguas de producción en la actividad petrolera, actividad requerida en los pozos de fracking-.

Sobre la sismicidad, en Oklahoma los pozos de disposición de agua del fracking, han generado una mayor frecuencia y magnitud en la reproducción de sismos, que de 50 mayores a 3 grados en 2010, pasaron a 400 en 2014 (un aumento del 800%). Para Colombia, los riesgos podrían ser mayores debido a su complejidad geológica.

En materia de salud pública, existen informes en EE. UU., Canadá y la Unión Europea que relacionan la proximidad de personas a las zonas en donde se adelantan actividades de fracking con casos de alteraciones del tubo neural, nacimientos con bajo peso, defectos congénitos e incremento en la incidencia de deficiencias cardíacas congénitas. También hay evidencia de que las emisiones de pozos de fracking pueden ser transportadas por el aire a zonas residenciales vecinas y generar asma e inducir trastornos hematológicos y oncológicos. Además, los compuestos químicos usados en este tipo de proyectos pueden inducir a alteraciones endocrinológicas y causar infertilidad.4 Las razones expuestas han llevado a que diferentes naciones prohíban su práctica como es el caso de Alemania, Francia y el estado de Nueva York.

Está demostrado que las actividades de fracking pueden generar un aumento en las emisiones de gas metano.5 Este gas tiene un efecto invernadero veinticinco (25) veces mayor que el dióxido de carbono, así que, en un período de veinte años, su huella en el efecto invernadero es peor que la del carbón o la del petróleo, por lo que, a largo plazo, sus implicaciones son mayores frente al cambio climático.6

A pesar de todos los potenciales daños que pueden ser causados por el fracking, el panorama en Colombia es desalentador. Actualmente, al menos, trescientos (300) municipios del país están en riesgo potencial en por lo no menos 43 bloques destinados para exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.7

De manera específica, en el Cesar y Santander se están adelantando actividades de exploración de YNC bajo el contrato VMM3, cuyo titular es la empresa ConocoPhillips. En esta región la comunidad de San Martín se ha movilizado pacíficamente en contra del mencionado proyecto bajo el liderazgo de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec) y, en múltiples ocasiones ha pedido ser escuchada y tenida en cuenta por el Gobierno, sin resultados satisfactorios. Además, no cuentan con garantías frente a su derecho a la protesta y por el contrario han sido intimidados, perseguidos y amenazados en reiteradas ocasiones.

Sumado a lo anterior, Colombia no cuenta con información suficiente sobre los efectos de la implementación del fracking en cordilleras. Por tal motivo, se desconocen los impactos que tendrían los proyectos en estos ecosistemas. A pesar de esta falta de información, gran parte de los bloques petroleros destinados a exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (YNC) están ubicados en zonas de cordillera, en áreas densamente pobladas.

Por otro lado, los cambios en el acceso y la vocación productiva del suelo, derivados de los proyectos de fracking, van en contravía de la Reforma Rural Integral que forma parte del Acuerdo de Paz y que actualmente está en proceso de implementación, y de principios como la participación de las comunidades y el desarrollo sostenible para proteger y promover el acceso al agua, entre otros.8

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ALIANZA COLOMBIA LIBRE DE FRACKING
Domingo 26 de marzo de 2017
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