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Continúa la represión contra las comunidades mineras del Nordeste antioqueño

BAREQUIANDO

 

Ante los hechos ocurridos el pasado 2 de marzo de 2017 en las veredas Lejanías y Ojos Claros jurisdicción del municipio de Remedios, (Antioquia) donde aproximadamente a la 1 de la tarde, cuatro helicópteros desembarcaron miembros del Ejércicto Nacional, personal del CTI, ESMAD, Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional quienes realizaron una operación contra lo que ellos denominaron minería ilegal y un “golpe a las finanzas al ELN” quien recibiría las comisiones de esta actividad.

Teniendo en cuenta que:

La subregión del Nordeste antioqueño zona donde esta ubicado Remedios y Segovia, municipios reconocidos por sus grandes reservas de oro y bienes comunes naturales, también ha sido historicamente una zona golpeada por el conflicto social y armado, debido a la disputa por el control territorial, económico, social y político por los diferentes actores armados legales e ilegales, y las empresas con intereses en la exploración y explotación quienes han desconocido la posesión y propiedad de estos territorios colonizados desde hace más de 60 años.

Es por ello que sus habitantes en su mayoria tienen como sutento económico la extracción de oro mediante la mineria artesanal y la pequeña mineria, sin que aun cuenten con la capacidad económica para solventar los requisitos para poder legalizar su labor, ya que en su gran mayoría se facilita para las multinacionales y trasnacionales y las normas no son flexibles para los mineros campesinos que se ven en la obligación de organizarse para ejercer la minería común.

Es importante también tener en cuenta que en los Acuerdos de Paz suscritos entre Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, el Estado se comprometió a dialogar con las comunidades para normalizar las condiciones económicas y asignar unos recursos para los territorios colindantes con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

Los hechos que a continuación son denunciados y que el Estado justifica como acciones contra la “minería ilegal”, están por fuera de lo dialogado el día 22 de febrero del presente año, con representantes de la alcaldía de Remedios y Gobernación de Antioquia, en la que acordamos la formalización de la minería en la región, para ello nos dieron un plazo de 6 meses. En la comunidad entendimos que la reunión del día 22 de febrero tenían el objetivo de avanzar en la implementación del Acuerdo, a lo que obtuvimos como respuesta lo ocurrido el 2 de marzo, lo que se constituye en una violación del Acuerdo en general y de los acuerdos con los gobiernos locales y departamentales en particular, incumpliéndose la palabra empeñada por parte de la Administración de Remedios y la Gobernación de Antioquia a nuestra comunidad.

Hasta el momento actual, desconocemos los programas o formas de apoyo en que las administraciones locales y departamentales apoyarán el proceso de formalización.

Queremos informar que:

Según la información recogida en terreno se observo que durante la operación sorpresa se violaron derechos fundamentales de las comunidades minero campesinas, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Durante los hechos, fueron detenidas arbitrariamente diez personas de la comunidad, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de 3 años, para convertirlas en escudo humano, previniendo así, un posible ataque del ELN, grupo guerrillero que opera en la zona. Cabe resaltar que en la vereda Ojos Claros fueron detenidas arbitrariamente cuatro personas, las que fueron llevadas a Bucaramanga y privadas de su libertad.

Así mismo, fueron destruidos e incinerados bienes civiles como retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria y enseres que los mineros artesanales usan para acceder a mínimos vitales necesarios para la sobrevivencia de su familia, vulnerando el derecho al trabajo y la permanencia en el territorio. En el marco de los mismos operativos, unidades de la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional, allanaron ilegalmente las viviendas de campesinos y mineros artesanales y en ellas, robaron herramientas de trabajo como una motosierra, veinte castellanos de oro (92 gramos), alhajas, entre otros bienes, afectando a 70 familias aproximadamente. Se desconoce el levantamiento del acta del allanamiento y por lo tanto, dicha conducta reincidente hace parte del delito de hurto por parte de los funcionarios y servidores del operativo.

Frente a los hechos, las Juntas de Acción Comunal de las veredas en mención, el Comité Territorial de Paz y Acompañamiento Humanitario, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Corporación CAHUCOPANA, procedieron a dirigirse a la finca para corroborar la información, exigir la liberación de los pobladores y a manifestarles los actos violatorios en los que estaban incurriendo.

En el marco de esto, se escuchan las explosiones producto de la quema de la maquinaria en el lugar, lo que generó miedo y zozobra a quienes iban en la comisión de verificación.

Esto muestra y pone en alerta a las demás comunidades del país y en la que se enfatizaron los Acuerdos de Paz, la falta de diálogo y coordinación de las diferentes instancias del Estado para poder hacer efectiva la implementación de los mismos.

Mientras que nosotros, mineros artesanales en vía de formalización, estamos haciendo los esfuerzos para que la explotación sea más ecoamigable, pague impuestos y los recursos se queden en nuestro país; somos calificados como ilegales y violentan nuestros derechos, a pesar del interés de nuestra formalización.

De igual manera los territorios mineros artesanales están solicitados o ya fueron adjudicados a trasnacionales para su explotación en calidad de concesión, por lo que el fin último no está en la formalización que nosotros como ciudadanos colombianos y mineros artesanales podamos hacer, sino que el interés del Estado es de expulsarnos del territorio para así permitir la entrada de las trasnacionales.

Por lo anterior, es claro que hay una clara contradicción entre lo que dicen los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las FARC – EP y los intereses como “comisionista” del Fiscal General de la Nación, y esa contradicción debe conducir a que la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, revise esta situación y de allí se tomen las medidas que conduzcan por parte del Estado, como responsable de la implementación de los Acuerdos, permitir que las comunidades que se desempeñan como mineros artesanales en los territorios, no solo se formalicen, sino que sean protegidas de la voracidad del gran capital y de los funcionarios que sirven a tales fines, generando para ellos una especie de “normatividad transitoria”.

Por tal razón el Comité Territorial de Paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antiqueño, Remedios – Segovia, exige al Estado:

1. La libertad inmediata de los cuatro pequeños mineros quienes están siendo judicializados;

2. La protección y garantía de los Derechos Humanos a todos los integrantes de la comunidad, y el cese de los operativos en contra de la pequeña minería;

3. La reparación material e inmediata de los daños a los bienes civiles en correspondencia con la protección del derecho al trabajo y a la permanencia en el territorio;

4. La sanción a los funcionarios/as que incurrieron en acciones ilegales, por fuera de su mandato o extralimitando su función;

5. Respetar e implementar el Acuerdo Final entre el Estado y las FARC-EP, como entre los gobiernos municipal y departamental con la comunidad, lo que implica acciones para el desarrollo regional, que en nuestro caso se expresa en el apoyo, acompañamiento y facilidades para formalización de la minería;

6. La coordinación de los diferentes órganos del Estado para que la implementación de los Acuerdos sea posible y el diálogo permanente del Estado con las comunidades que conlleve lo antes posible a la construcción de los PDET´s que tengan en cuenta la particularidad de la explotación minera en la zona.

Y exige a la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”:

1. Revisar la situación presentada, como ejemplo de lo que puede ocurrir en otros territorios, e impulsar una normatividad transitoria que proteja las economías informales desarrolladas en los territorios donde se implementaran más enfáticamente los Acuerdos de Paz.

2. Instalar lo antes posible el sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones, que permita la participación de quienes ejercemos la minería en municipios donde la economía se basa en esta actividad, y realice el seguimiento a este tipo de hechos que vulneran nuestros derechos y atentan contra el acuerdo.

COMITÉ TERRITORIAL DE PAZ Y ACOMPAÑAMIENTO HUMANITARIO DEL NORDESTE ANTIQUEÑO REMEDIOS – SEGOVIA

COMITÉ TERRITORIAL DE PAZ Y ACOMPAÑAMIENTO HUMANITARIO . SEGOVIA
Jueves 9 de marzo de 2017
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