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Nuevamente avanza el paramilitarismo con la complacencia de las Fuerza Militares

Veeduría


Este viernes fueron comprobadas las denuncias hechas por las comunidades campesinas, sobre el avance paramilitar en diferentes regiones del país. La Veeduría Social, conformada por organizaciones sociales y religiosas para verificar la tregua unilateral declarada por las FARC el 20 de julio de 2015, sumó su denuncia a la de las comunidades campesinas.

La Veeduría sostuvo que en los hechos denunciados por las comunidades de los municipios de Cáceres, El Bagre y el corregimiento de Puerto Claver en el Bajo Cauca antioqueño, las estructuras paramilitares “con la complacencia de las fuerzas militares”, presionan a las comunidades campesinas. La Veeduría señalo través de un comunicado que “desde el mes de septiembre del 2015, se ha presentado un proceso progresivo de paramilitarización de la zona”.

De igual manera se denunciaron “situaciones de afectación de parte de la Fuerza Pública” y la presencia paramilitar en los departamentos de “Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Meta, entre otros. el avance paramilitar ha producido asesinatos, desaparición forzada y desplazamiento; así como la judicialización arbitraria de dirigentes sociales”. El comunicado de la Veeduría fue presentado tras las medidas legislativas y políticas del Gobierno en relación a la venta de ISAGEN y la ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social).

Según la veeduría estas acciones legislativas y políticas “ensombrecen el ambiente favorable para la salida política negociada del conflicto armado y van en contravía de los acuerdos alcanzados en La Habana”.

El comunicado de la Veeduría que confirma el avance paramilitar en complicidad con el ejército en diferentes regiones del país, se conoce pocos días después de que Gobierno y las FARC solicitaran al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas verificar el cese al fuego bilateral y la dejación de armas dentro del proceso de paz que se desarrolla en La Habana.

En ese sentido la Veeduría dijo que “el proceso formal de verificación ayudará a prevenir que las situaciones denunciadas en este pronunciamiento sigan sucediendo”.

“Nuestro compromiso es seguir desarrollando esta tarea, en perspectiva de una cese bilateral al fuego y de la implementación de los acuerdos pactados entre las partes, en que estamos dispuestos a seguir incluyendo a otras organizaciones y comunidades”, sostiene el comunicado que resaltó “los seis meses ininterrumpidos de cese unilateral al fuego declarado por las FARC-EP”.

La Veeduría Social también exhortó a las partes en conflicto declarar el cese al fuego bilateral, recomendando además que en éste se incluya “al ELN como un gesto importante de inicio de las negociaciones con dicho grupo insurgente y una forma de superar los errores de pasadas negociaciones que se realizaron de manera fragmentada”.

 

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