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Corrupción:1.600 millones de pesos en contratos para una tía de Dilian Francisca Toro en el sector salud

Dilian y amanda

Dilian Francisca Toro y Amanda Torres Toro

La candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha negado las denuncias en su contra por supuesto aprovechamiento del sistema de salud en su beneficio. Sin embargo Son 13 los contratos firmados entre el laboratorio clínico Las Acacias, cuya representante legal es la tía de la candidata a la Gobernación del Valle, Amanda Torres Toro, y el centro hospitalario Isaías Duarte.

Desde el 2011 hasta la fecha, Amanda Torres Toro, ha ganado todos los contratos con el hospital público Isaías Duarte de la capital del Valle lo que equivale a 1.600 millones de pesos.

Presuntamente muchos de los recursos que se destinan para la salud en el Valle, son usados para financiar la empresa electoral de Toro llamada Agropecuaria Seiva Verde Ltda, gracias a las personas que hace contratar en el sistema de salud.

Seiva Verde habría financiado a políticos locales en campañas anteriores prestando sumas de dinero que estarían entre los 10 y los 35 millones de pesos, respaldados con pagarés.

La red de noticias independientes Noticias UNO investigó la relación entre la candidata y el sistema de salud en el Valle del Cauca

Video Noticias UNO

Dilian de Francisca quien aspira a la gobernación del Valle del Cauca enfrenta investigaciones judiciales por posibles vínculos con grupos ilegales y por lavado de activos.

Además sobre ella recaen una serie de cuestionamientos que se le hacen desde la opinión pública por su entorno, en el que se encuentran  personas que han sido vinculadas con las mafias del paramilitarismo y el narcotráfico en el Valle del Cauca.

Entre dichos cuestionamientos se encuentra el que  corre por cuenta de Carlos Herney Abadía, su primo, quien fue condenado por el Proceso 8.000,  a la candidata también se le cuestiona por ser la esposa de Julio Cesar Caicedo, con quien compartió el último de sus escándalos judiciales que terminó por llevarla unos meses a prisión, luego de que la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, (UIAF) entregó un informe a la Fiscalía, en el que se señalan los movimientos financieros de Toro.

Uno de sus movimientos financieros da cuenta del pago en un cheque por $289 millones, que fue a parar a las cuentas de Hans Barney Salazar, quien desde septiembre de 2003 enfrenta problemas con la justicia y en 2005 fue condenado a 72 meses de prisión y al pago de una  multa de 1.000 salarios mínimos por el delito de lavado de activos.

La transacción se hizo a través de la firma Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual es socia la exsenadora Dilian Francisca Toro y su esposo Julio César Caicedo Zamorano es el gerente. Según la Fiscalía estos predios tuvieron su origen en actividades relacionadas con el narcotráfico del cartel de Cali. En la investigación se pudo comprobar que de acuerdo a los ingresos de la ex congresista y hoy candidata, no se justifica la compra de estas tierras.

Narcotraficantes como Diego Montoya, alias ‘Don Diego’; Victor Patiño Fómeque y Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’ aseguraron que  habrían ayudado a financiar su campaña al Senado de la República.

Según el libro ‘Herederos del Mal’, “la red política que lidera la exsenadora ha sido señalada de apoderarse de la contratación del municipio de Palmira, lo que le ha permitido aumentar el poder de su casa política,  suprimiendo  la planta de cargos que existía en ese momento y creando  una nueva para llenar sus cuotas, especialmente para sus candidatos que perdieron las elecciones en 2007. De esta forma reencauchaba a los líderes quemados en varios municipios del Valle, para mantener y aumentar el favor a su causa”.

El libro describe la manera en la que Dilian Francisca “ha crecido políticamente por tener una amplia participación burocrática en el sector salud, tanto a nivel nacional como departamental”.

Todo señala a que las denuncias y los estudios que han realizado entidades como la Fundación Paz y Reconciliación sobre redes de corrupción política y las alertas que emite la Misión de Observación Electoral (MOE), no han sido del todo escuchadas por las autoridades electorales, en este caso por el Consejo Nacional Electoral, quien es el encargado de que personas con señalamientos e investigaciones judiciales por posible lavado de activos y vínculos con el paramilitarismo no puedan participar del proceso electoral.

Sobre el respecto existen precedentes como en el caso de Francisco Gómez, exgobernador de la Guajira, preso en una cárcel de Bogotá por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, de quien se dieron las alertas necesarias,  y aun así un fallo del Concejo Nacional Electoral le mantuvo el aval otorgado por Cambio Radical.

 

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