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Uribismo: “Del Mejor presidente de Colombia, a Lo que es con Uribe es conmigo”

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Los uribistas para quienes los 4 mil falsos positivos fueron un simple daño colateral de la seguridad democrática, han vuelto a salir en defensa de su cabeza ideológica, frente a lo que consideran una persecución política.

El Centro Democrático lanzó una campaña para hacer frente a la supuesta persecución del Gobierno a través de la Fiscalía  en cabeza de Eduardo Montealegre en contra de Álvaro Uribe.

El eslogan de la campaña dice  “Lo que es con Uribe es conmigo”, los candidatos del Centro Democrático en todo el país han dicho que es un gesto de apoyo y solidaridad hacia el expresidente Álvaro Uribe quien ha venido criticando el proceso de paz. Según los seguidores de este partido que recoge las banderas de la extrema derecha colombiana, con la campaña buscan convocar a su base electoral para rodear al ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, pero también le piden a sus electores no dejarse amedrantar. Los miembros del centro democrático han afirmado que el gobierno busca   desprestigiar al partido en vísperas de los comicios del 25 de octubre.

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“El eje electoral Santos-Maduro-Timochenko-Montealegre intenta acallar al expresidente Uribe a través de venganzas políticas, disfrazadas de procesos penales con toda la apariencia de legalidad”, dice el comunicado de dicha colectividad que fue transmitido en simultánea en 32 conferencias de prensa en el país y en varias ciudades de los Estados Unidos y España.

En Bogotá, la proclamación fue presidida por el candidato a la alcaldía Francisco Santos, quien fue vicepresidente de Uribe. En Medellín, lo hizo el candidato Juan Carlos Vélez. La escena se repitió en casi un centenar de municipios, según lo informó el Centro Democrático.

El director de política internacional del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, también se puso la camiseta y anunció que el partido ya ha tomado la decisión de salir a las calles a recoger firmas para “defender la democracia y el derecho de los colombianos de decir si aprueban o rechazan los acuerdos de La Habana”.

El Centro Democrático se refiere a la solicitud que hizo el fiscal general a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en la masacre de El Aro registrada entre el 24 y 31 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. En dicha masacre fueron asesinados 17 campesinos.

La solicitud se hizo debido a las declaraciones entregadas por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ quien señaló que el entonces gobernador de Antioquia tuvo conocimiento directo de los hechos y era supuestamente “simpatizante” de lo que este grupo criminal hacía. Según el Centro Democrático “la Fiscalía ha prefabricado testimonios en complicidad con alias Don Berna para hacerle un linchamiento político al Centro Democrático y a su fundador”.

Por su parte las Organizaciones de víctimas de desaparición forzada esperan que la investigación en contra del Senador Álvaro Uribe, permita conocer la verdad de los hechos ocurridos en la comuna 13 de Medellín y en el corregimiento de El Aro en Ituango. Hechos como la masacre del Aro y la operación Orión aún están en la impunidad.

“El que ahora se empiece a plantear que dirigentes políticos, que altos mandos del Ejército deben responder por casos tan graves como la masacre del Aro es una buena noticia, falta mucho por caminar pero como parte de los procesos de reconciliación es un hecho fundamental que estos agentes estatales reconozcan su responsabilidad en estos crímenes y se comprometan con la no repetición” dijo la Abogada de la Corporación Libertad, Adriana Arboleda.

Los habitantes del Aro relataron cómo en los siete días que duró la masacre perpetrada por los paramilitares, ninguna autoridad llegó a auxiliarlos. La masacre la cometieron 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, también conocidos en la región como los ‘mochacabezas’.

Con toda tranquilidad y a sabiendas de que nada se interpondría entre ellos y la matanza, los paramilitares cazaron y torturaron a sus 17 víctimas, quemaron 42 de las 60 viviendas del pequeño caserío y se robaron 1.200 reses que pasaron por varias veredas y por la Troncal de Occidente pese a que para la fecha, el Ejército y la Policía ya estaban enterados de lo sucedido.

“Miembros del Ejército tenían conocimiento del hurto y traslado del ganado e, incluso, impusieron un toque de queda a la población  en Puerto Valdivia, cerrando los negocios comerciales nocturnos”… para evacuar las reses, por plena vía pública y sin testigos, los militares también se lucraron del robo, “pues dispusieron de unos semovientes para su consumo interno”, señaló el informe de la CIDH.

De acuerdo con la Comisión y el fallo judicial, el teniente Bolaños, con informaciones falsas suministradas a funcionarios de la Gobernación sobre el origen y el destino del ganado, habría facilitado el tránsito.

“El ganado provenía de fincas entre Puerto Valdivia y El Aro, las cuales quedaron sin ningún animal… Fue montado en camiones y trasladado a Caucasia”, dictaminó la CIDH. El paramilitar Villaba Hernández dijo que el destino final fue un predio de Salvatore Mancuso, ubicado entre Montería y Tierralta (Córdoba).

Además de los asesinatos y el saqueo, los paramilitres desplazaron a 702 habitantes.

 Masacre de los paramilitares en El Aro, Ituango, Antioquia. (1997) Foto: Jesús Abad Colorado

Masacre de los paramilitares en El Aro, Ituango, Antioquia. (1997) Foto: Jesús Abad Colorado

Por las difíciles condiciones topográficas, los hombres de las AUC debieron recibir apoyo, ya que se les estaban agotando las municiones y pertrechos de guerra, por tal motivo cobra especial importancia el tema de los helicópteros que fueron avistados por los sobrevivientes que huían del lugar, pues sin ellos el abastecimiento no hubiera sido posible. Sin embargo, no hay consenso sobre cuántas naves sobrevolaron la zona de la masacre durante la operación paramilitar.

Según Salvatore Mancuso, él mismo, en su helicóptero, apoyó a sus hombres por orden de Castaño, según su versión, no fue la única aeronave en la zona. “No fueron dos helicópteros en el área, como dicen, hubo cuatro helicópteros”, precisó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en enero de 2007.

En el área de operaciones se observaron tres helicópteros más: uno al servicio de las Farc, otro del Ejército y uno más de la Gobernación de Antioquia. Según Mancuso, la aeronave de la guerrilla recogió en la zona al comandante Iván Márquez, quien en ese momento lideraba una facción insurgente con presencia en el Urabá antioqueño.

Francisco Villalba Hernández, alias ‘Cristián Barreto’, que hizo parte del grupo armado de las AUC que incursionó en El Aro, declaró que la aeronave “amarilla”, de la Gobernación de Antioquia, sobrevoló la zona y ante la inquietud que le generó esa presencia, dijo que se comunicó con Carlos Castaño para verificar: “él me dijo que andaban dos señores de la Cruz Roja y el Gobernador”.

Ese testimonio fue rendido ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el 12 de noviembre de 2008. Villalba se entregó a las autoridades varios meses después de perpetrada la masacre.

El tema del helicóptero también fue mencionado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006 que condenó a la Nación por su incapacidad para proteger a la población de El Aro. Según uno de los testimonios en la mañana del sábado 25 de octubre “llegó un helicóptero blanco” que “hizo unas ráfagas de tiros” y “cogió rumbo al Cauca arriba”. Las versiones de los campesinos indicaron que el pasajero de la aeronave era Carlos Castaño, el jefe visible en aquella época de las AUC.

Un funcionario de la Alcaldía de Ituango que prefirió mantenerse en el anonimato , supo que uno de sus superiores, el secretario de Gobierno local, Alberto Calle Gallo, quien fue asesinado 11 años después de la masacre, se comunicó con El Aro el sábado 25, pero alguien en la otra línea le dijo que todo estaba bien, que llamara al día siguiente.

El funcionario repitió la llamada la noche del domingo y antes de que le quitaran el teléfono, la recepcionista le alcanzó a informar de la muerte de cuatro personas. El funcionario pidió ayuda de inmediato a la Gobernación, en donde le dijeron que iban a realizar una reunión secreta el miércoles 29 de octubre para analizar la situación de El Aro. Posteriormente llamó a la base militar del corregimiento Santa Rita y luego al Batallón Girardot, donde le respondieron que debido a la escasez de tropa, toda destinada para la vigilancia de las elecciones para alcalde y concejo del domingo 26, el contingente más cercano se demoraría tres días en llegar a pie.

El teniente Carlos Emilio Gañán Sánchez, comandante de la Policía en Ituango, le dijo a la Fiscalía que poco pudo hacer para proteger a los habitantes de El Aro, pues tenía la orden de no enviar a ninguno de sus hombres a la zona rural, debido a la situación de orden público del momento.

Por la masacre del Aro se produjeron tres sentencias, proferidas en un solo fallo el 22 de abril de 2002, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Antioquia: contra Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez, condenados a 40 años de prisión, como determinadores del homicidio agravado, desplazamiento forzado, y del hurto calificado y agravado.

Carlos Castaño no cumplió la condena pues fue asesinado en abril de 2004. Y a Salvatore Mancuso, el gobierno de Uribe lo extraditó en mayo de 2008 para que fuera juzgado primero por el delito de exportación de cocaína a Estados Unidos.

La otra condena, a 33 años y cuatro meses de prisión, recayó sobre Francisco Enrique Villalba Hernández, conocido en las filas de las AUC como Cristian Barreto quien, movido por sus culpas, se entregó a la Fiscalía casi cuatro meses después de la masacre.

La justicia sólo abrió investigación penal a dos militares: al teniente del Ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate. A ambos, la Procuraduría General los destituyó y sancionó disciplinariamente por haber “colaborado y facilitado”, con conocimiento de causa, la incursión paramilitar.

El 10 de agosto de 2001 la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada para la época, y luego hizo lo mismo en el proceso al que estaba vinculado el teniente coronel Germán Morantes Hernández, ex comandante del Batallón Girardot, con jurisdicción en el norte de Antioquia.

En el 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización de 3.400 millones de pesos a favor de los 123 familiares de las víctimas de El Aro. También le ordenó que les rindiera un homenaje público y  que persiguiera a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos.

Según la CIDH, quedó demostrada la responsabilidad del Estado, por acción y omisión, en especial, en la violación “a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada, la circulación y la residencia”.

La reacción del senador Uribe ante esta compulsa de copias, no se hizo esperar, y tal como lo ha hecho anteriormente, desmintió las versiones que lo vinculan a la masacre de El Aro. En una declaración ante medios de prensa lanzó duros señalamientos al gobierno enfatizando que todo se trataba de un montaje por parte del gobierno  en su contra.

Las declaraciones de Uribe fueron bien recibidas por El procurador Alejandro Ordóñez, quien  dijo que no le extrañaba el pedido de la Fiscalía de investigar al expresidente Uribe porque “siempre” ha sido una condición de las Farc para firmar la paz.

“Las Farc siempre ha colocado como condición la judicialización del expresidente Uribe. Que este anuncio se dé se explica como un cumplimiento y tiene una relación directa con esas exigencias de las Farc”, afirmó Ordóñez

Por su parte Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC-EP afirmó desde la Habana que el Procurador Alejandro Ordoñez es un “sinvergüenza ” por haber dicho que las Farc pedían la judicialización del expresidente Álvaro Uribe como requisito para la firma del acuerdo de paz, y que  a la Jurisdicción Especial para la Paz se podían acoger todos los actores del conflicto.

Lo cierto es que existe una responsabilidad de la Gobernación de Antioquia frente a los hechos que culminaron con la masacre de El Aro, y es necesario que los funcionarios que hacían parte del gobierno departamental en aquel momento sean investigados, pero también es necesario que se descubra a los responsables de la cadena de irregularidades que obstaculizaron las investigaciones, a tal punto que después de un año de la masacre, los equipos técnicos de la Fiscalía no habían podido llegar a la zona, tal como lo constata una carta fechada el 12 de febrero de 1999 remitida por el fiscal J. Guillermo Escobar Mejía al vicepresidente de la República, Gustavo Bell Lemus.

En la carta el Fiscal le pide al vicepresidente que le ayude a encontrar un transporte aéreo para llevar a un equipo de profesionales para realizar por fin las labores judiciales sobre el terreno.

En medio de los hechos que contribuyeron con la impunidad en torno a la masacre de El Aro, hay que reseñar la intimidación por parte del ejército a funcionarios como Enrique Archila, que por aquel entonces era el coordinador de fiscales regionales en Antioquia y quien decidió continuar avanzando con las investigaciones, por lo que altos oficiales de la Cuarta Brigada lo señalaron de “ser de las FARC”.

El 21 de abril de 2009, fue asesinado el exparamilitar Francisco Villalba Hernández, uno de los principales testigos, el paramilitar siempre afirmó que entre los responsables de la masacre se encontraban las autoridades regionales de Antioquia.

Un informe publicado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), señaló que los gobiernos con mayor número de víctimas son los que implementaron una política guerrerista como los de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

La sombra de la violencia a acompañado la carrera de Álvaro Uribe quien tiene más de 186 procesos en su contra, de hecho su nombre es el que más aparece en los expedientes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. A la fecha, los procesos contra Uribe se encuentran en etapa preliminar.

“los períodos con mayor número de víctimas de desplazamiento corresponden a los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Cada uno de los cuales reportaba más de 1 millón de desplazados en los estimados de Codhes y más de 1 millón 200 mil asumiendo los datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esto significa que las decisiones político militares de los actores involucrados llevaron al despojo, la expulsión, la negación de la vivienda, el trabajo, el acceso a la salud y la educación, la identidad, la posibilidad de asociación y múltiples derechos más, de por lo menos 342.050 hogares en cada cuatrienio”, enfatiza el informe.

Es necesario que el país conozca la verdad sobre los hechos que involucran a Álvaro Uribe y otros mandatarios colombianos que también se valieron de las estructuras paramilitares, el blindaje de un fuero presidencial es una burla para la reconciliación que el país necesita, reconciliación que exige verdad reparación y justicia.

 

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